Economía Política

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sábado, 12 de noviembre de 2011

DERECHO CONSTITUCIONAL. TEMA 3. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. SU ORIGEN Y ANTECEDENTES. ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CONFORMACIÓN.

ORIGEN Y ANTECEDENTES.

LOS CONDICIONANTES POLÍTICOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999.

Hay que señalar que el proceso constituyente en Venezuela comienza a manifestarse concretamente con el inicio del segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez (1989). Para esa oportunidad los desajustes sociales, económicos y políticos, ya creaban un malestar colectivo ante la ausencia de respuestas de los entes gubernamentales, que mostraban una apatía para la toma de grandes decisiones para satisfacer los reclamos de la sociedad civil. Desde esa época se planteaba y con bastante énfasis el problema de la gobernabilidad en el país.

EL 27 DE FEBRERO. El estallido del 27 de febrero de 1989 sirvió para demostrar a la Nación que el sistema político había colapsado. Pocas veces en nuestra historia se ha producido una ruptura entre el sistema político y el sentimiento nacional como la que reflejó ese momento. La falta de sintonía entre el liderazgo y la sociedad, derivó en una crisis que se materializó en dos rebeliones militares y culminó con la destitución de un Presidente de la República.

Merece mencionarse el planteamiento que en Agosto de 1990 hizo un grupo de personalidades encabezados por el escritor Arturo Uslar Pietri, -en aquel entonces- al Presidente de la Republica, al Congreso Nacional y a los partidos políticos representados en el Congreso con la finalidad de proponer una serie de reformas substanciales en el funcionamiento del Estado y de sus órganos, para hacer más eficaz y responsable a la Administración Pública.

El Proyecto de Reforma presentado en marzo de 1992, por la Comisión Bicameral Especial para la Reforma del Estado, presidida por el Dr. Rafael Caldera.

Los integrantes de la Comisión Bicameral designada para la revisión de la Constitución, presidida por Rafael Caldera, presentaron un Proyecto de Reforma General de la Constitución con su correspondiente Exposición de Motivos. La Comisión había acordado recomendar al Congreso adoptar el procedimiento de la Reforma General contemplado en el artículo 246 de la Constitución, en lugar del procedimiento de Enmienda, que fue originalmente considerado.

La falta de voluntad política de ese Congreso Nacional como la del que funcionó en el período constitucional siguiente, no sólo impidió los cambios sino que también contribuyó a la descalificación acelerada de la representación política presente en ese cuerpo deliberante, aumentando de esta manera la crisis en todos los órdenes de la sociedad.
El Proyecto de Reforma y Asamblea Constituyente del Grupo de Estudios Constitucionales.

El 24 de agosto de 1998, el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Allan Brewer Carias, entregó formalmente al presidente Rafael Caldera y a las máximas autoridades parlamentarias una propuesta para convocar un referéndum sobre la creación de la Asamblea Constituyente. El proyecto que manejó en esa oportunidad fue el mismo que preparó, en mayo de 1992, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro Educativo de Acción Popular al Servicio de las Organizaciones Comunitarias (CESAP), el grupo de Estudios Constitucionales que conformaron Carlos Ayala Corao, Gerardo Fernández, Armando Gabaldón, Pedro Nikken y el propio Brewer Carias; la Revista Sic y quien fuera su Director, Arturo Sosa S.J., y la Fundación de Derecho Público.

La Comisión Presidencial Constituyente.
Apenas obtuvo el triunfo electoral en diciembre de 1998, Chávez Frías se aprestó a convocar una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1961. Esa iniciativa había sido tema obligatorio en el proceso electoral y parte sustancial de lo que podría calificarse como su programa político. Es relevante recordar que antes de que el tema fuera asumido como su bandera electoral, ya había sido trabajado por diversos sectores y personalidades; inclusive, en la campaña electoral de 1993, Oswaldo Álvarez Paz la había incluido en el programa de Gobierno que propuso al país sin lograr que se produjera un debate nacional sobre el mismo.

Para concretar su proyecto, el Chávez de la primera etapa, aparentemente conciliador y plural, designó una Comisión Constituyente integrada por personalidades del mundo político y académico, inclusive con algunos que adversaron o no apoyaron su candidatura, quienes tuvieron su primera reunión en La Viñeta, el 10 de enero de 1999. En el acta que se levantó en esa sesión a la que asistieron: Hugo Chávez Frías, Presidente Electo de República, Jorge Olavarría, Ernesto Mayz Vellenilla, Oswaldo Álvarez Paz, Tulio Álvarez, Javier Elichiguerra, Tarek William Saab, Ángela Zago, Manuel Quijada y Ricardo Combellas; se aprobó un primer pronunciamiento donde se fijaba criterio en torno al debate sobre el procedimiento a seguir para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
El Referéndum Consultivo previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política: Una ventana abierta para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

La consagración del referéndum Consultivo en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (del 30/12/1997, reformada el 28/05/1998) tuvo como objetivo que a través de este mecanismo de participación popular “se consultara a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional”. Conforme el artículo 181 de la citada Ley que lo contempla, tanto el Presidente de la República en Consejo de Ministros, como el Congreso de la República por acuerdo adoptado en sesión conjunta de las Cámaras, o bien un número no menor del diez por ciento (10%) de electores, inscritos en el Registro Electoral, tienen la iniciativa para convocar la realización de este Referendo.

Hubo dos acontecimientos muy importantes que merecen ser reseñados en torno a este punto: Uno, la promesa electoral que Hugo Chávez Frías,hizo reiterada y enfáticamente, de que al llegar a ocupar la Presidencia de la República, convocaría a un Referéndum para pulsar la opinión del pueblo – titular de los derechos de soberanía- a fin de integrar una Asamblea Constituyente que se encargaría de la reorganización del Estado, habida consideración del fracaso de los poderes constituidos para acometer los cambios requeridos y la falta de legitimación de quienes habían ejercido el poder hasta esa fecha de su promesa electoral

El otro hecho que merece ser mencionado, es el fallo que produjo la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, publicado el 19 de enero de 1999 con motivo del “Recurso de Interpretación” que introdujo la Fundación Para Los Derechos Humanos (Fundahumanos) en fecha 16 de diciembre de 1998.

La Corte Suprema de Justicia, en ponencia del Dr. Humberto La Roche, estableció lo siguiente: “La interpretación que debe atribuirse al artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, respecto al alcance del referéndum consultivo que consagra, en cuanto se refiere al caso concreto objeto del recurso…es que a través del mismo puede ser consultado el parecer del cuerpo electoral sobre cualquier decisión de especial trascendencia nacional distinto a los expresamente excluidos por la propia Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política en su artículo 185, incluyendo la relativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente”.

Decreto Presidencial: Convocatoria de Asamblea Constituyente.

En fecha 02 de febrero de 1999, el Presidente de la República. Hugo Chávez Frías, dictó el Decreto N° 3 para la realización de un referéndum para que el pueble se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Según el contenido del Decreto al cuerpo electoral deberán formularse dos preguntas que serán contestadas con un “Sí” o un “No”.

La primera: ¿Convoca usted una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?

La segunda: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual sé elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?
Conforme el Artículo 2 del Decreto, el Presidente de la República solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria para realizar el referéndum en cuestión.

El Consejo Nacional Electoral produjo la Resolución N° 990217-32 de fecha 17 de febrero de 1999, mediante la cual resolvió convocar para el 25 de abril de 1999, el Referéndum para que el pueblo se pronunciase sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En la misma Resolución se acordó que las preguntas a formularse al cuerpo electoral eran del mismo contenido como lo solicitaba el Presidente.

Comentario al respecto: La pretensión del Presidente de la República de que quedase en manos del Ejecutivo Nacional fijar las bases del proceso comicial, contravenía la idea y el espíritu de obtener del pueblo como soberano, una definición clara y precisa sobre las reglas que permitiesen la organización de la Asamblea Nacional Constituyente; en otras palabras, quiénes pueden formar parte de ella (condiciones de elegibilidad), quiénes están impedidos, tiempo de funcionamiento, etc.
Es así entonces, que la Resolución del Consejo Nacional Electoral fue objeto de impugnación por considerar que la pregunta N° 2 lo que pretendía no consultar al pueblo sino obtener una delegación que en el fondo iba a permitir al proponente, establecer las reglas de juego.

Decisión de la Corte Suprema de Justicia, publicada el 18 de marzo de 1999. Anulación de la Segunda Pregunta contenida en la Resolución del Consejo Nacional Electoral.

Como consecuencia de la impugnación que instauró el Dr. Gerardo Blyde por ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Resolución N° 990217-37 de fecha 17 de febrero de 1999 dictada por el Consejo Nacional Electoral, la sala Político Administrativa Accidental de la Corte Suprema de Justicia, declaró CON LUGAR el recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad y en consecuencia anuló la Segunda Pregunta contenida en la citada Resolución.

En el fallo se ordenó al Consejo Nacional Electoral reformular el contenido de la pregunta N° 2. La motivación que sirvió de base a la decisión en referencia, se centró en que, con la proposición presidencial, no se estaba sometiendo al criterio de los electores el examen sobre una materia determinada y específica, sino que por el contrario el fin perseguido era que se delegara en una sola persona la decisión para establecer las bases del proceso comicial, lo cual según el fallo en referencia escapa al mecanismo consagrado en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

Decisión del Consejo Nacional Electoral ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló la pregunta N° 2.

El Consejo Nacional Electoral reformuló el contenido de la pregunta N° 2, de la siguiente manera: ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas parcialmente por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha Marzo 23 de 1999 y publicadas en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 36.669 de fecha Marzo 25 de 1999?

Dichas Bases Comiciales conforme a la reformulación que le asignó el Organismo Electoral quedaron redactadas en la siguiente manera:

Para el referéndum consultivo sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse el 25 de abril de 1999

PRIMERO: Se considerará aprobada la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos.

SEGUNDO: La Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por 131 miembros y tendrá una conformación unicameral. A la Asamblea Nacional Constituyente sólo se elegirán representantes principales.

TERCERO: La elección de los constituyentes será en forma personalizada (por su nombre y apellido), de acuerdo al mecanismo siguiente:

1.- Se producirá la elección de 104 constituyentes, en 24 circunscripciones regionales, coincidentes con los estados y el Distrito Federal, manteniendo el criterio de 1% de la población total del país (234.102), de acuerdo con su número de habitantes, que sería lo siguiente (Cuadro 1):

2.- Se producirá la elección de 24 constituyentes en una circunscripción nacional. El elector dispondrá de un máximo de 10 votos.

Parágrafo único: En atención al régimen de excepción constitucional vigente y a los compromisos asumidos en los tratados y acuerdos internacionales, las comunidades indígenas de Venezuela estarán representadas por tres constituyentes electos de acuerdo a la previsión reglamentaria que al efecto dicte el Consejo Nacional Electoral, tomando en cuenta sus costumbres y prácticas ancestrales. El derecho de participación aquí previsto atenderá a la pluralidad de culturas existentes en las distintas regiones del país.

Entidad A elegir Entidad A elegir
Distrito Federal 8 Mérida 3
Anzoátegui 5 Miranda 11
Amazonas 2 Monagas 3
Apure 2 Portuguesa 3
Aragua 6 Sucre 3
Barinas 2 Táchira 4
Bolívar 5 Vargas 2
Carabobo 9 Trujillo 2
Cojedes 2 Yaracuy 2
Delta Amacuro 2 Zulia 13
Falcón 3 Total por Región 104
Guárico 3 Indígenas 3
Lara 7 Circunscripción Nacional 24
Nueva Esparta 2 TOTAL GENERAL 131

CUARTO: La postulación de los candidatos se podrá presentar en alguna de las siguientes formas:

1.- Por iniciativa propia.
2.- Por iniciativa de los partidos políticos legalmente constituidos.
3.- Por iniciativa de cualquiera de los sectores de la sociedad civil interesados en participar en el proceso.

En cualquiera de las formas de postulación antes señaladas se deberá cumplir con los siguientes parámetros:

a) Se podrá ser candidato sólo en una circunscripción, ya sea en la regional o en la nacional.
b) Para ser postulado candidato en la circunscripción nacional se requiere como mínimo 20.000 firmas de electores.
c) Para ser postulado candidato en una circunscripción regional se requerirá como mínimo la cifra porcentual de 0,50% en todo el país de la media de la población general por cada rango.
Rangos Entidades Firmas Más de 2.000.000 Zulia, Miranda, Carabobo 12.666 Entre 1.000.001 DF, Lara, Aragua, Bolívar, y 2.000.000 Anzoátegui, Táchira 6.925 Entre 500.001 Sucre, Portuguesa, Falcón, Mérida, y 1.000.000 Guárico, Monagas, Trujillo, Barinas, Yaracuy 3.285 Entre 200.001 y 500.000 Apure, Nueva Esparta, Vargas, Cojedes 1.698 Menos de 200.000 Delta Amacuro, Amazonas 571.

QUINTO: El tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente será de 180 días contados a partir del día de su instalación.

SEXTO: Para ser representante a la Asamblea Nacional Constituyente se requerirán las condiciones generales de elegibilidad: ser venezolano por nacimiento y mayor de 21 años. Los constituyentes electos gozarán de inmunidad en los términos que consagrará la Asamblea Nacional Constituyente.

SÉPTIMO: No podrán ser elegidos representantes a la Asamblea Nacional Constituyente: el presidente de la República, los ministros, los presidentes y directores de los institutos autónomos o empresas del Estado, los gobernadores y secretarios de gobierno de los estados y el Distrito Federal, los senadores y diputados al Congreso de la República, los diputados a las asambleas legislativas de los estados, los alcaldes y concejales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura y demás jueces de la República, el fiscal general, el contralor general y el procurador general de la República, los militares activos y los miembros del Consejo Nacional Electoral; a menos que renuncien dentro de los 15 días siguientes a la convocatoria. El cargo de constituyente exige la dedicación exclusiva a los deberes inherentes a esta alta función, por lo que es incompatible con cualquier otro destino público o privado.

OCTAVO: Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente,como poder originario que recoge la soberanía popular, deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, teniendo como límites los valores y principios de nuestra historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República, el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos.

NOVENO: La Constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente será sometida a referendo dentro de los 30 días continuos a su sanción. La Constitución quedará definitivamente aprobada si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos.

(Resolución aprobada por el Cuerpo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 1999, firmada por el presidente Rafael Parra Pérez)

Decisión de la Corte Suprema de Justicia ordenando se reformule la Base Comicial Octava, que contempla el carácter originario de la Asamblea Nacional Constituyente.

Con fecha 13 de abril de 1999, la Sala Político Administrativa Accidental de la Corte Suprema de Justicia, produjo una decisión digna de ser analizada en razón del alcance y trascendencia que tiene dentro del campo del Derecho Constitucional, la cual no fue acatada por la Asamblea Constituyente inmediatamente después de su instalación, en razón del amplio margen de representantes obtenidos por los partidarios a la proposición presidencial que defendió la tesis del carácter “originario” de dicho cuerpo.

En la referida sentencia, la Corte, entre otros puntos, hizo las siguientes consideraciones: “…En la sentencia dictada por esta Sala el 18 de Marzo de 1999 se expresó con meridiana claridad que la Asamblea Constituyente a ser convocada, …no significa, en modo alguno, por estar precisamente vinculada su estructuración al propio espíritu de la Constitución vigente, bajo cuyos términos se producirá su celebración, la alteración de los principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho…”

Varias consideraciones fueron vertidas en el fallo del más Alto Tribunal de la República, tendientes a hacer ver que el llamado a una Asamblea Constituyente, no conduce al desconocimiento y a la ruptura del orden institucional que tiene como soporte la Constitución de 1961 y de las leyes dictadas conforme a sus previsiones normativas, sino por el contrario ha sido ese orden jurídico que dio sustentación, lo que permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para que se encargue de reorganizar el Estado. Entendemos que si bien el país estaba sumido en una profunda crisis económica, social y política, tampoco es menos cierto que el Estado no mostraba una crisis constitucional y mucho menos una ruptura del hilo constitucional, para estimar un carácter plenipotenciario de la Asamblea.

Resultados del referéndum Consultivo.

En la consulta realizada el domingo 25 de abril de 1999 el Cuerpo Electoral se pronunció a favor, tanto de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como de las bases comiciales propuestas, sin embargo hay que hacer notar que del total de electores que figuraba en el Registro Electoral Permanente cuyo número alcanzaba a 11.022.031, sólo votaron un total de 4.001.672, lo que representó un 37.78% y la abstención fue de 6.591.065 que equivale a un 62.22%.

La Asamblea Nacional Constituyente (1999)

Convocatoria: Por Resolución emanada el 5 de mayo de 1999, el Consejo Nacional Electoral decidió convocar al Cuerpo Electoral del país para que concurriese el día 25 de julio de 1999, al proceso de votación para elegir los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
Durante el período establecido para la campaña de los candidatos se atacó el ventajismo oficial. Muchos de los candidatos del “Polo Patriótico” contaron con la presentación que hizo al electorado el Presidente de la República y de sus constantes alusiones en programas televisivos, al punto que éste fue multado por el Consejo Nacional Electoral por considerar que se violaron disposiciones de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.

El resultado de la elección de Constituyentes arrojó una aplastante cifra del “Polo Patriótico”, sólo un pequeño porcentaje (menos del 10%) no fue del equipo oficialista, de tal manera que la ansiada composición plural y eminentemente representante de los diversos sectores de la sociedad civil
que se esperaba, se vio disipada ante un triunfo que permitió depositar en manos de un solo sector, la responsabilidad de asumir el reto, para cumplir el mandato que el pueblo soberano les confió expresamente de dictar la nueva Constitución Nacional.

Estatuto de Funcionamiento.
La principal tarea que debió acometer la Asamblea Nacional Constituyente inmediatamente después de su constitución que ocurrió el 3 de agosto de 1999, fue la de elaborar el “ESTATUTO DE FUNCIONAMIENTO” del Cuerpo y, el Artículo 1 del mismo generó por parte de algunos de los constituyentes del pequeño grupo “no oficialista” una dura polémica por el carácter “originario” que se le asignó a la Asamblea Constituyente. En efecto, la primera disposición del Estatuto, reza textualmente lo siguiente:

Artículo 1. NATURALEZA Y MISIÓN: La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su Soberanía con las atribuciones del Poder Originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público.

Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la democracia social participativa.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, mantendrá su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.

No hay duda que los poderes constituidos bajo el imperio de la Constitución de 1961, no podían interferir la acción de la Constituyente; pero al mismo tiempo a ésta, el pueblo soberano, no le confirió la facultad de intervenir la titularidad de los órganos del Estado. La actividad a mi entender ha debido marchar paralelamente, sin interferencias y sin desviar el propósito primario de la Constituyente, que no era otro que elaborar una nueva Constitución que sirviese, entre otros fines, para crear las bases de un nuevo ordenamiento jurídico.

El Parágrafo Primero del Artículo 1 del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, sirvió de fundamento para que se generase una extralimitación de funciones de ese cuerpo representativo del pueblo, al consagrar que todos los organismos del Poder Público quedaban subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se les obligó a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos emitidos por dicha Asamblea Nacional.

La Constituyente aceptó coexistir con la Constitución de 1961; pero en los términos como concibe en el Parágrafo Segundo del Artículo 1, se refleja la sumisión de esta Ley Fundamental, y del resto del ordenamiento jurídico a los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.

El Presidente Chávez: Asiste a la Primera Sesión de la Asamblea Nacional Constituyente<. Pone su cargo a la orden y presenta proyecto constitucional.

El Presidente Chávez acudió al Palacio Legislativo –sede de la Constituyente- y en su intervención instó a los asambleístas a declarar de inmediato la “emergencia integral” de todos los poderes constituidos para intervenirlos y evaluarlos y puso a la orden el cargo de Presidente de la República que el pueblo le dio por elección popular el 6 de diciembre de 1998.

Con el Proyecto de Constitución, Chávez planteó, entre otras cosas, el cambió de nombre de nuestro país por el de “República Bolivariana de Venezuela”, del mismo modo planteó la conveniencia de establecer dos nuevos poderes públicos: el Moral y el Electoral.

El Jefe de Estado en su discurso decretó la muerte de la IV República y señaló que “hoy se levanta la República Bolivariana”. Explicó que en su propuesta maneja el concepto de una “República libre y soberana ante el mundo, que no acepta injerencia de ningún poder extranjero, económico o político”.

Una de las propuestas constitucionales del Presidente que generó inquietud en los sectores económicos del país y de los inversionistas extranjeros, fue que el derecho a la propiedad privada no quedaba lo suficientemente garantizado y fue creando un clima de incertidumbre y de desconfianza que progresivamente acentuó el debilitamiento de la economía del país.

El Presidente Chávez es ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente.
Por Decreto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, en fecha 9 de agosto de 1999, se ratificó al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías en el cargo de Presidente Constitucional de la República de Venezuela y en el mismo Decreto se fijó el día 11 de agosto de 1999 para que en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, se procediera a la juramentación respectiva.

La idea de poner a la orden el cargo que había recibido por voluntad popular era innecesaria, como innecesario hubiese sido que Congresantes, Gobernadores de Estado, Diputados de Asambleas Legislativas, Alcaldes y Concejales lo hubiesen hecho, pues la titularidad y el ejercicio de sus cargos emanaron de la voluntad del pueblo. La razón fue más política que de otra naturaleza.

La ratificación al cargo Presidencial no tuvo sentido ni fundamentación desde la óptica constitucional. El fue electo por el pueblo, el soberano, en elecciones limpias, con resultados significativos que legitimaron el ejercicio del cargo conforme a los presupuestos de una Constitución que tuvo la virtud de servirle de sostén a la Ley del Sufragio y Participación Política que abrió las puertas para el llamado de una Constituyente, sin romper el hilo constitucional.

La nueva juramentación del Presidente no la hizo ante la Constitución de 1961 o “moribunda” como la calificó en su primera juramentación ante el Congreso Nacional, sino que esta segunda oportunidad lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente que denominó “la partera de la Patria Nueva”.

La Asamblea Constituyente declara la reorganización de todos los Órganos del Poder Público.

Por Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente publicado en fecha 13 de agosto de 1999, se decidió la reorganización de todos los Órganos del Poder Público. La fundamentación del mismo se basó en que “la República vive una grave crisis política, económica, social, moral e institucional que ha llevado al colapso a los Órganos del Poder Público y mantiene a la mayoría de la población en un inaceptable estado de empobrecimiento, con lo cual se vulneran sus más elementales derechos humanos”, y se agregó en esas consideraciones “que la crisis institucional de los Poderes Públicos tiene carácter estructural e influye en forma determinante en la imposibilidad de que dichas Instituciones puedan, por si misma, superar la crisis” (Gaceta oficial de la República de Venezuela N° 36.764 de fecha 13/08/1999).

La Asamblea Nacional Constituyente declara al Poder Judicial en emergencia y ordena su reorganización.

Por Decreto de fecha 18 de agosto de 1999, se decidió acometer la reorganización del Poder Judicial con miras a garantizar la seguridad jurídica, fortalecer el estado de derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

La Constituyente tomó en cuenta los grandes males que aquejaban la actuación del Órgano Jurisdiccional del Estado, tales como: Concursos amañados, incapacidad de muchos Jueces, negligencia, desidia, retardo en la toma de decisiones, influencias políticas para la provisión de cargos y pronunciamiento de sentencias, amén de la falta de tecnificación en el desarrollo procesal, gran parte del personal subalterno incapaz y mal remunerado.

Conforme al Decreto de reorganización del Poder Judicial se contempló la creación de una “Comisión de Emergencia Judicial” integrada por nueve (9) miembros designados por la Asamblea Nacional Constituyente.
Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en Pleno ante el Decreto de Reorganización del Poder Judicial.

El máximo Tribunal de la República produjo en fecha 23 de agosto de 1999, un acuerdo que contó con el voto mayoritario de los magistrados que la integraban, con la finalidad de fijar posición ante el decreto de Reorganización del Poder Judicial y asimismo, sobre la designación de unos de sus miembros. En dicho acuerdo, la Corte reitera el criterio que “la situación del Poder Judicial y los vicios que la afectan han sido una constante del debate político nacional en el cual la Corte Suprema de Justicia ha estado presente, estableciendo los lineamientos básicos de las vías a través de las cuales debe producirse el saneamiento de esa rama del poder público…” Se agrega que “el Decreto de Reorganización del Poder Judicial… contempla un compromiso de la Asamblea Nacional Constituyente de proceder de inmediato a través de una comisión de emergencia judicial a la revisión de los expedientes de los jueces y a su evaluación”.

Ese acuerdo adoptado en Sala Plena no gozó de respaldo unánime de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino por el contrario algunos de ellos con argumentaciones de fondo salvaron su voto, que la doctrina constitucional juzgara más delante de un valor excepcional.

Merece hacer especial referencia la posición que fijó la Dra. Cecilia Sosa Gómez, quien para ese momento se desempeñaba como Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En su voto salvado la Dra. Sosa Gómez, deja plasmado, entre otras cosas, lo siguiente: “…Esta Corte al respaldar el contenido del Decreto de Emergencia Judicial dictado por esa Asamblea, desconoce rotundamente no solo el contenido de sus sentencias sino los límites demarcados en las Bases que gobiernan el funcionamiento de la Asamblea y el ordenamiento constitucional y legal, enteramente vigente y cuya garantía ha sido confiada a este Alto Tribunal”. Agrega “…reniega la Corte su propia jurisprudencia, que fijó la competencia de la Asamblea Nacional Constituyente, y, consecuentemente ha mostrado su fragilidad y debilidad ante el Poder Político… Al desconocer este Supremo Tribunal su propia doctrina está permitiendo que un acto de la Asamblea Nacional Constituyente, carente de todo sustento en el marco jurídico en el que hasta ahora nos había desenvuelto –incluso para abrirle sin ningún temor las puertas a esa Asamblea- enerve las facultades que el pueblo soberano, donde reside el único y verdadero poder originario, conferido a la referida Asamblea; pues es evidente, que la Asamblea Nacional Constituyente se le autorizó para redactar un nuevo ordenamiento constitucional, que sostendrá el nuevo esquema del Estado Democrático elegido por el país; y no para intervenir o sustituir los poderes constituidos, eligiéndose en una suerte de “superpoder” donde se concentran todas las potestades públicas, como así lo ha pretendido y desde luego, logrado con el respaldo del acuerdo suscrito por la mayoría del seno de esta Corte, cuyo contenido deploro”.

Finalmente expone lo siguiente: “El miedo a desaparecer como Magistrados y el ansia de colaborar con una mayoría que se ha arrogado todos los poderes fue más grande que la dignidad y la defensa de los valores fundamentales que el Derecho y la Democracia imponen a una Corte Suprema de Justicia. Para mí, la dignidad de la Corte sólo podía defenderse con la coherencia y la defensa de sus decisiones, que al desconocerlas entregó su fuerza y el respeto de la ciudadanía por ella”.

Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente sobre Regulación de las Funciones del Poder Legislativo.

Por Decreto de fecha 25 de agosto de 1999, modificado posteriormente el 30 del mismo mes y año, se ordenó regular no solo las funciones del Congreso de la República, sino también de las Asambleas Legislativas de los estados.
Corte Suprema de Justicia declaró el Carácter Supraconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente.

La Corte Suprema de Justicia en Pleno con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, (con votos salvados) que resolvió la acción de nulidad que interpuso Henrique Capriles Radonski, la cual declaró improcedente, en contra del Decreto de fecha 25 de agosto de 1999, que contiene la Regulación de las Funciones del Poder Legislativo.

Este fallo concluyó en sus motivaciones de la manera siguiente: “En razón de lo antes expuesto debe concluirse, que el recurso de nulidad es improcedente, pues el fundamento del acto impugnado no puede ser la Constitución vigente, desde que la soberanía popular se convierte, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en supremacía de la Constitución, por razón del carácter representativo del Poder Constituyente, es decir, como mecanismo jurídico de producción originaria del nuevo régimen constitucional de la República. Así se decide”. (Expediente N° 1110 del 14/10/1999).

Aprobación y Publicación de la Constitución de 1999.

La Constitución de 30 de diciembre de 1999 fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, luego de que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 19 de enero de 1999, dictada en Sala Político Administrativa, admitiera la posibilidad de que, mediante referéndum consultivo, el pueblo pudiera crear dicha instancia política no prevista ni regulada en la Constitución de 1961.

Con esta sentencia, se inició entonces formalmente el proceso constituyente en Venezuela de 1999, el cual, a pesar de los esfuerzos que haría posteriormente la propia Corte Suprema, desbordó los límites que intentó ponerle, asumió un carácter originario que el pueblo no le había dado, dio un golpe de Estado interviniendo los poderes constituidos del Estado, y terminó con la propia Corte Suprema que le había dado nacimiento.

El problema de la nueva publicación del texto constitucional de marzo 2000.

Un último punto es el relativo a la determinación del texto material de la Constitución, esto es, ¿cuál es la versión de la Constitución a la que hemos de atender, si la aparecida en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 1999, o la edición posterior del 24 de marzo 2000? Recordemos las fechas a los fines de comprender el por qué de éste análisis.

En efecto, la Constitución que fue aprobada por referéndum el 15 de diciembre de 1999, no fue publicada sino el día 30 de ese mismo mes en Gaceta Oficial N° 36.860. La Disposición Final Única indica que, la Constitución estableció que entraría en vigencia el mismo día de su publicación. Ahora bien, en la Gaceta Oficial N° 5.453, del 24 de marzo de 2000, se lee en el sumario, como contenido de la misma lo siguiente: “Asamblea Nacional Constituyente. Exposición de Motivos. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Se reimprime por error material del ente emisor)”. Es decir, que la Constitución inicialmente publicada en diciembre de 1999, fue reeditada en marzo de 2000 para enmendar los errores materiales que la afectaban.

La situación planteada, hace surgir los siguientes interrogantes: 1) ¿Las modificaciones de la segunda publicación son verdaderamente significativas o no?; 2) En el caso en que se respondiera positivamente a la pregunta anterior, debería precisarse si tales modificaciones por ser significativas, conforman un nuevo texto, y en consecuencia, ¿cuál de las dos publicaciones es la que contiene el cuerpo oficial de la Constitución?

Vamos a señalar los Artículos, Ordinales, Disposiciones Transitorias, Disposición Derogatoria Única y la Disposición Final Única, que sufrieron modificaciones:

Artículos 3, 11, 15, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 44, 46, 47, 49 (encabezamiento), 49 ordinales 1°, 3°, 4°, y 8°, 51, 55, 56, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 95, 103, 109, 113, 129, 137, 140, 145, 152, 153, 156, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 178, 184, 185, 187, 188, 189, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 233, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 251, 253, 261, 262, 263, 264, 266 ordinal 3°, 270, 271, 273, 274, 275, 279, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 296, 297, 299, 301, 305, 313, 316, 317, 319, 320, 321, 324, 328, 332, 334, 336 ordinales 2°, 4° y 5°, 7°, 8° y 10°, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 348 y 349.

Disposición Derogatoria Única; Disposición Transitoria Tercera, ordinal 3°; Disposición Transitoria Cuarta, ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, y 8°; Disposición Transitoria Quinta, ordinales 3°, 5°, y 10°; Disposición Transitoria Sexta: Disposición Transitoria Séptima; Disposición Transitoria Octava; Disposición Transitoria Novena; Disposición Transitoria Décima Cuarta; Disposición Transitoria Décima Sexta; Disposición Transitoria Décima Séptima; Disposición Transitoria Décima Octava, y la Disposición Final Única.

Visto lo anterior podemos llegar al siguiente análisis conclusivo, es decir, sacar cuentas sobre el significado y efecto que posee el hecho de que estos cambios se produjeron con buena o mala intención, pero indudablemente, en forma abusiva, esto es, violando la buena fe del electorado que aprobó un texto que le fue presentado y que de pronto aparece diferente al aprobado.

Indudablemente que la situación es insólita, es decir, no se había visto nunca con anterioridad. Se dirá que constantemente el Ejecutivo y el propio legislador hacen reimpresiones de sus textos por error de copia. En la Administración se corrigen los errores materiales, incluso en documentos públicos, se deja constancia de añadidos, exclusiones y modificaciones en general. A pesar de tales argumentos, insistimos en que la situación es insólita, porque al hecho que se trataba de un texto oficial que era publicado nuevamente por errores de distinta naturaleza, (ya que no es cierto que se trate siempre de errores de copia), se le une la circunstancia de que era un texto aprobado de una determinada manera por la voluntad del pueblo, y que, en consecuencia, no podía ser modificado sino por esa misma voluntad. Es el principio absoluto del paralelismo de las formas, es decir, aquel que establece que lo que ha sido hecho de una determinada manera sólo puede ser deshecho bajo esos mismos cánones, a menos que la ley en forma expresa establezca otros diferentes.

Un texto constitucional aprobado por referéndum, obviamente, no podía ser aprobado sino por la vía que el mismo señala, esto es, la vía de la enmienda, la reforma parcial o de una Nueva Asamblea Constituyente.

Lo que revela que el cambio unilateral, inconsulto y abusivo, en quienes tuvieron en sus manos depositada la confianza del soberano, la defraudaron al utilizar una vía engañosa, equivocada sin autorización ni información previa, lo cual va a constituir un precedente que conformará el cúmulo de elementos de juicio a través de los cuales se califiquen responsabilidades políticas.

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